Los cuerpos de altos funcionarios del Estado
denuncian la decisión del Gobierno de reducir las prestaciones de baja a
partir del cuarto mes por incapacidad laboral de los trabajadores
públicos en aras de reducir el gasto. La medida supone tratarlos como
presuntos defraudadores, afirman.
El Plan para reducir el absentismo de los empleados públicos que
contempla el Plan Nacional de Reformas 2012, ya aprobado por el Consejo
de Ministros, conlleva la reforma el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, que supone que dejarán de
cobrar su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por
incapacidad temporal.
Una medida que la Federación de Asociaciones de los Cuerpos
Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), le produce
"sorpresa, perplejidad y asombro", además de una "completa y absoluta
disconformidad".
Según adelantaba el Gobierno el mes pasado, el plan tendrá un
"impacto presupuestario muy positivo, aunque difícil de cuantificar
exactamente", que establece tres objetivos: ahorrar gastos en personal,
aumentar la productividad de los empleados públicos y disminuir la
contratación de interinos.
Prevé que los gastos de Muface, el organismo público dependiente de
Hacienda que gestiona la protección social de los funcionarios, se
reduzcan al reformarse los requisitos para cobrar el subsidio por
enfermedad que paga esta entidad a partir del cuarto mes de baja.
Según el texto, ya enviado a Bruselas, se acortarán los plazos de
expedición y entrega de los partes de baja por incapacidad temporal a
los departamentos de personal en el régimen especial de funcionarios y
se eliminarán las licencias por enfermedad para los funcionarios que
hayan recibido el alta o que no hayan acudido al reconocimiento médico
sin una causa justificada.
Ahora estos empleados públicos reciben la totalidad de su nómina
durante los tres primeros meses de incapacidad temporal, además de la
suma de las retribuciones básicas y el subsidio de incapacidad temporal
de Muface a partir del cuarto mes de la baja, explica el sindicato de
altos funcionarios.
Medida discriminatoria
En virtud de la nueva norma, los Funcionarios Civiles del Estado afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social dejarán de cobrar su nómina completa "por el hecho de encontrarse con necesidad de recibir asistencia sanitaria por enfermedad o accidente sin poder desempeñar su trabajo", recuerda este sindicato de funcionarios en un comunicado hecho público este lunes.
En virtud de la nueva norma, los Funcionarios Civiles del Estado afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social dejarán de cobrar su nómina completa "por el hecho de encontrarse con necesidad de recibir asistencia sanitaria por enfermedad o accidente sin poder desempeñar su trabajo", recuerda este sindicato de funcionarios en un comunicado hecho público este lunes.
La medida discrimina directamente a los funcionarios civiles del
Estado frente al resto de empleados públicos de la administración
central, así como de quienes trabajan en la empresa privada, continúan.
"Es una medida discriminatoria frente a otros empleados públicos de la
Administración General del Estado afiliados a la Seguridad Social, que
perciben el subsidio de incapacidad temporal mientras están de baja (el
60% de la base de cotización del mes anterior a la baja desde el
cuarto al vigésimo día y el 75% a partir del día 21), además de la
diferencia entre el mencionado subsidio y la totalidad de las
retribuciones que les corresponderían de estar trabajando".
Asimismo, "la mayor parte de los trabajadores del sector privado
tienen derecho, en virtud de los convenios colectivos sectoriales, a que
sus respectivas empresas les abonen la diferencia de ingresos citada
en el inciso precedente, siendo las Mutualidades Profesionales las que
se encargan de evitar el absentismo laboral".
"Nos están demonizando"
"Las prestaciones económicas de incapacidad temporal sustituyen las rentas laborales que se dejan de percibir". Recuerdan que los empleados públicos de baja por enfermedad quedarán "desvalido"s y califican de "desproporcionada" la medida para ahorrar gasto público. "Para conseguir dicha finalidad deberían utilizarse otros medios que no dejen a los funcionarios en situación de precariedad, por considerarles presuntos defraudadores"».
"Las prestaciones económicas de incapacidad temporal sustituyen las rentas laborales que se dejan de percibir". Recuerdan que los empleados públicos de baja por enfermedad quedarán "desvalido"s y califican de "desproporcionada" la medida para ahorrar gasto público. "Para conseguir dicha finalidad deberían utilizarse otros medios que no dejen a los funcionarios en situación de precariedad, por considerarles presuntos defraudadores"».
Desde Fedeca acusan al Gobierno de estar "demonizándoles" falsa e
inmerecidamente, pues "muchos ciudadanos pueden pensar que estamos
utilizando prestaciones públicas de protección social para incumplir
nuestras obligaciones para con el sector público, lo cual es sumamente
injusto".
Bajo su punto de vista, si el fin que se persigue es ahorrar y
prevenir el absentismo, "las Administraciones públicas disponen de
unidades médicas que deberían controlar más y mejor los procesos de
incapacidad temporal de los empleados públicos y corregir así las
deficiencias o, en su caso, fraudes o abusos que puedan darse al
respecto", pero no "suprimir retribuciones económicas a los funcionarios
enfermos o accidentados".
"La medida no obedece a criterios de racionalidad, sino de cómoda
conveniencia" para reducir de nuevo, encubiertamente, las retribuciones
de las plantillas públicas.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada