24/07/2012
¡Sí que hay dinero!
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy.
The Johns Hopkins University
Durante
el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes españolas a raíz
de la presentación del presidente Rajoy de las medidas de recortes que
su gobierno iba a realizar, el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas del gobierno español, Cristóbal Montoro, indicó que éstas eran
necesarias porque “el Estado no tenía más dinero”, punto acentuado por
el propio Rajoy cuando subrayó que el nivel de deuda pública en España
había alcanzado niveles inaceptables que forzaron la toma de medidas
excepcionales, considerando la bajada del déficit como la prioridad
número uno de su gobierno. El presidente indicó también que tal bajada
del déficit público era la condición indispensable para salir de la
crisis, pues sólo con esta bajada se recuperaría la confianza de los
mercados financieros y España podría volver a recibir prestado dinero a
unos intereses más bajos.
Es
sorprendente que la administración Rajoy continúe repitiendo esta
creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia) cuando
todos los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos
sobre los que se basa.
Pero
antes de mostrar tales datos, es importante subrayar, una vez más, lo
que tienen en común los países hoy intervenidos –España, Grecia,
Portugal e Irlanda–. Todos ellos tienen estados pobres (su gasto
público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los
más bajos de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los
más bajos de la Eurozona), poco redistributivos (entre los menos
redistributivos de la Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente
regresiva (de los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos
estos países tengan estos puntos en común es que todos ellos tienen un
contexto político semejante. Durante su reciente historia (los últimos
cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una enorme
influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas décadas por
gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países escandinavos
(que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas
redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa
en que en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las
dominantes en su vida política, al revés que en los países
intervenidos.
Se
podría argumentar que España, como también aquellos países, tiene un
Estado pobre porque es un país pobre. Pero los datos no confirman esta
situación. El PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, y en
cambio, el gasto público es sólo un 72% del promedio de la UE-15. En
realidad, si fuera un 94%, España se gastaría 66.000 millones más en su
sector público y en su subfinanciado Estado del bienestar (tanto en
sus transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los
gasta, no porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es que el
Estado no los recoge. Y ahí está el punto clave que no se cita. La
regresividad de la política fiscal que España tiene en común con todos
los países intervenidos. Han tenido que pedir prestado dinero porque el
Estado no recoge el suficiente.
Pero
lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza (estimulada
por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó más y más los
impuestos, bajada que favoreció particularmente a las rentas
superiores, que adquieren la mayoría de sus rentas de la propiedad de
capital. Esta bajada de impuestos determinó –según ha indicado el Fondo
Monetario Internacional– nada menos que la mitad del déficit
estructural del Estado, déficit que permaneció oculto durante la
expansión económica por el elevado crecimiento de ingresos al Estado,
apareciendo, sin embargo, en toda su crudeza cuando el boomexplotó. Y
ahora el Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde
los súper ricos depositan los ingresos que habían adquirido como
consecuencia de la bajada de sus impuestos), teniendo que pagar
intereses para conseguir el dinero, que podría haberse obtenido, si no
hubieran bajado los impuestos.
Y
ahí está el problema más silenciado en los medios y en los debates.
Fue una lástima que ninguno de los que participaron en el debate en las
Cortes españolas hiciese las siguientes preguntas al presidente Rajoy:
- ¿Por qué el Estado español decidió congelar las pensiones a fin de
conseguir 1.200 millones de euros, en lugar de revertir la bajada del
impuesto de sucesiones, con lo cual habría obtenido casi el doble de
ingresos ( 2.552 millones).
- O, ¿por qué en lugar de recortar nada menos
que 7.000 millones en sanidad, el gobierno no eliminó la reducción del
Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones
de euros al año, lo que significa menos del 0,12% de todas las
empresas, con lo cual hubieran obtenido más de 5.600 millones de euros?
- O, ¿por qué quiere ahora establecer el copago sanitario en lugar de
aumentar los impuestos de los fondos SICAV y las ganancias
especulativas?
- O, ¿por qué quiere aumentar el IVA, en este momento de
recesión, que afectará a las clases populares, en lugar de aumentar el
impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón
de euros al año, con lo cual ingresaría 14.000 millones de euros más?
- O, ¿por qué quiere destruir puestos de trabajo en los servicios
públicos en lugar de establecer un impuesto a las transacciones
financieras, con lo cual, tal como ha señalado el sindicato de técnicos
del Ministerio de Hacienda, se conseguirían 5.000 millones de euros?
- O, ¿por qué en lugar de forzar reducciones de los Estados del bienestar
gestionados por las CCAA no reduce la economía sumergida diez puntos,
con lo cual aumentaría 38.500 millones de euros?
Estas
son las preguntas que deberían haberse hecho y no se hicieron. Rajoy
no las habría podido contestar y habría quedado en evidencia,
mostrando, que en contra de lo que dice, sí que hay alternativas y sí
que hay dinero.
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